Nota de prensa • 24 de octubre de 2016
“El modelo de proceso penal actual es obsoleto, deslavazado y ajeno a las necesidades de la sociedad actual”
Jueces, fiscales, abogados y académicos debaten en Sabino Arana Fundazioa sobre el sistema de garantías en la investigación del delito con la utilización de las nuevas tecnologías.
Pedro Crespo, fiscal de Sala del Tribunal Supremo, ha afirmado hoy que “se impone la tarea de distinguir y singularizar el nivel de tutela que corresponde en el curso de una investigación penal a cada uno de los diferentes derechos fundamentales que se proclaman en la Constitución”.
Estas declaraciones las ha realizado en el transcurso de un seminario organizado por Sabino Arana Fundazioa para debatir sobre el sistema de garantías en la investigación del delito con la utilización de las nuevas tecnologías.
En el encuentro, celebrado bajo el título de “Sistema de garantías en la investigación del delito versus nuevas tecnologías”, Miguel Colmenero, magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo, ha subrayado, por su parte, que “ante el desarrollo de la delincuencia organizada y, dentro de ella, de la delincuencia terrorista, se plantea la necesidad de utilizar en la investigación penal los avances tecnológicos que permitan conocer la existencia de planes para delinquir antes de que el delincuente ejecute su acción y cause un daño efectivo. Todo ello sin menoscabo de la salvaguarda de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, incluidos los supuestos delincuentes”.
Para dar solución a esta problemática de la persecución del delito con la utilización de las nuevas tecnologías, se ha pretendido dar respuesta con la Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal llevada a cabo por Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre. Pero, como opina Crespo, “esta misma Ley reconoce la incapacidad del Legislador español para alcanzar el consenso necesario que debería permitir la renovación íntegra de un modelo de proceso penal”, que el fiscal entiende “obsoleto, deslavazado y ajeno a las necesidades de la sociedad actual”
Por todo ello, Crespo ha asegurado que “la intervención de las comunicaciones establecidas a través de un canal cerrado, el tratamiento de los datos asociados a ellas, la interceptación de comunicaciones directas dentro y fuera de domicilios o lugares cerrados, etc. constituyen algunas de las materias afectantes a la esfera más sensible de la privacidad de los ciudadanos presumidos inocentes, cuyo tratamiento será y seguirá siendo, con toda seguridad, objeto de viva polémica durante los próximos años”.
El objetivo principal de esta jornada era analizar y debatir sobre si la Reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal realizada por la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, es respuesta adecuada a las carencias que habían puesto de manifiesto el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y, especialmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Un paso más, en la reflexión que desde hace cinco años se lleva realizando en Sabino Arana Fundazioa, tras el anuncio del cese definitivo de la violencia por parte de ETA, sobre cuestiones referentes a la tutela y garantía de los derechos de los ciudadanos en el proceso penal.
El seminario, coordinado por Margarita Uria, directora de la Agencia Vasca de Protección de Datos, ha contado, además, con la participación, entre otros, de Juan Calparsoro, fiscal jefe del Tribunal Superior del País Vasco; Juan Mateo Ayala, magistrado de la Audiencia Provincial de Bizkaia; Juana Balmaseda, vocal del Consejo Vasco de la Abogacía; el ararteko Manuel Lezertua; Enrique Lucas, vocal del Consejo General del Poder Judicial; Javier Mira, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Valencia; Txema Montero, abogado; y Alberto Saiz Garitaonaindia, director de lo Contencioso del Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco.