Nota de prensa • 12 November 2025

Aitor Esteban: "Si se quiere, se puede desbloquear la propuesta de EAJ-PNV para reformar la Ley de Secretos Oficiales: menos palabrería y más estado democrático"

En el seminario “Los Archivos, las otras víctimas de la dictadura 50 años después de la muerte de Franco”, organizado por Sabino Arana Fundazioa, el presidente del EBB ha recordado que EAJ-PNV ha liderado en los últimos años la defensa de los derechos civiles y democráticos en Madrid

Ponentes del seminario “Los Archivos, las otras víctimas de la dictadura 50 años después de la muerte de Franco”.

El presidente del Euzkadi Buru Batzar de EAJ-PNV, Aitor Esteban, ha abierto esta mañana el seminario “Los Archivos, las otras víctimas de la dictadura 50 años después de la muerte de Franco”, organizado Sabino Arana Fundazioa. En una ponencia que ha girado en torno a la Ley Franquista de Secretos Oficiales de 1968, Esteban ha afirmado que “si se quiere, se puede desbloquear la propuesta de EAJ-PNV para reformar la Ley de Secretos Oficiales. Menos palabrería y más estado democrático y avanzado. Es posible que sepamos más sobre nuestra historia”.

Refiriéndose a la situación actual en el Congreso, donde existe una “mayoría negativa”, el presidente del EBB ha remarcado que la posición de Junts no puede usarse como “excusa” ya que el partido catalán “no tendría ningún problema” en que se tramitara la proposición de ley de EAJ-PNV. “Camino para avanzar hay, pero estamos hablando del estado profundo. Ni PP ni PSOE saben con certeza cuál es la documentación clasificada y, más allá de eso, no quieren reformar la ley sin un acuerdo mutuo”.

Esteban también ha recordado que EAJ-PNV presentó la reforma de la Ley de Secretos Oficiales por primera vez en 2016 y que lo ha hecho ya en seis ocasiones. “En estos años nos hemos encontrado con buenas palabras, pero malas acciones. La Mesa del Congreso prolonga los plazos de enmiendas de nuestra iniciativa hasta que se termina la legislatura”. El presidente del EBB ha rememorado un hecho de 2016 “txirene” o muy extravagante: “Se sacó pecho de la desclasificación de avistamientos ovnis mientras se niega la apertura de documentos muy relevantes”. “No buscamos nada concreto. Buscamos que haya una ley homologable a lo que se denomina un Estado democrático”, ha zanjado.

Esteban también ha agradecido los “cinco fructíferos años” de Mireia Zarate al frente de Sabino Arana Fundazioa y ha mostrado sus “mejores deseos” para Arantxa Tapia, que asumió ayer la presidencia de la Fundación.

A continuación, la presidenta de Sabino Arana Fundazioa, Arantxa Tapia, ha subrayado que nos encontramos con una “situación preocupante, pero una gran parte de la responsabilidad también está en nuestras manos"·, ha afirmado,  y en la de "los gobiernos que sucedieron a la dictadura, bien en la transición y durante los años que estamos viviendo en democracia, por no cumplir lo que se esperaba de ellos: por no hacer accesible la consulta a fondos militares, judiciales, penales, religiosos o de empresas, por ejemplo; por no exigir el cumplimiento de las transferencias documentales, la devolución de los bienes y fondos a sus legítimos dueños, o por no insistir incansablemente en que se haga justicia”.

Tapia ha insistido en que para que la situación actual mejore no hay que dejar de reivindicar  “la devolución a sus legítimos propietarios de bienes y fondos documentales e impulsar el acceso a los documentos generados por los organismos de la dictadura por medio de una mayor descripción y difusión de estos, gracias a los recursos informáticos que no paran de mejorar”.

En la jornada han participado académicos, técnicos de archivística, investigadores y políticos.

Josep Cruanyes, presidente de la Comissió de la Dignitat, entidad surgida en 2002 para conseguir el retorno de los documentos requisados por el franquismo a la Generalitat de Catalunya, ha reiterado la necesidad de que se transfieran de “manera definitiva” los documentos que retienen todavía en el archivo de Salamanca.

Fernando Mikelarena, historiador y profesor titular de la Universidad de Zaragoza, se ha centrado en las “diversas limitaciones al acceso a la documentación y la investigación sobre la impunidad del franquismo”. En este sentido, ha enumerado las principales barreras. En primer lugar, ha hablado de la eliminación de los fondos de FET de las JONS (el partido único del régimen) y de los de la mayoría de los gobiernos civiles. Otra de las barreras es la de las limitaciones derivadas de las leyes relativas a la defensa y seguridad del Estado y las que afectan al honor y la intimidad de las personas. En tercer lugar, la relacionada con la falta de instrumentos de descripción en los propios archivos, que dificulta la localización de la información.

Sergio Gálvez, jefe de servicio del Archivo Central del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha disertado sobre “La incautación como política de Estado en el franquismo: la Comisión Calificadora de Bienes Sindicales Marxistas”. Gálvez ha destacado la importancia de este fondo documental para investigar “todas las tropelías” cometidas en el primer franquismo y que luego serían seguidas por la Delegación Nacional de Sindicatos.

Javier Buces, profesor ayudante de la UPNA e historiador de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, ha abordado “La investigación histórica de la represión franquista en Euskadi a través de los archivos: dificultades, vacíos y esperanzas”.

El historiador ha señalado que, pese a los avances legislativos recientes en materia de memoria histórica, los investigadores siguen encontrando “serias dificultades para acceder a la información debido a: la imprecisión de las leyes de memoria y la anteposición de otros marcos legislativos; la posible destrucción de documentación al final del régimen franquista; y a la falta de inventariado y la aleatoriedad aplicada en los procesos de consulta por parte de los responsables de los archivos.

Por último, Eduardo Jauregi, coordinador del Archivo Histórico de Sabino Arana Fundazioa, ha dejado constancia de que en la actualidad sigue habiendo documentación histórica del PNV en Salamanca, incautada durante la guerra y no devuelta aún, a pesar de las gestiones realizadas por la formación jeltzale desde 1999 para recuperar los bienes que le fueron incautados (inmuebles, archivos, cuentas, etc.) a tenor de las distintas leyes que el gobierno central fue promoviendo para ello. Además, se ha referido a la gran cantidad de documentación de las administraciones vascas (del Primer Gobierno autonómico, ayuntamientos, diputación, etc.) que, a día de hoy, no han solicitado siquiera su traslado a Euskadi.